El coste de la exención del impuesto sobre las ventas destinada a los centros de datos en Arizona registró un incremento del 40 por ciento durante el último año fiscal, alcanzando una cifra récord de 56 millones de dólares en ingresos fiscales no percibidos por las arcas estatales.
El repunte ocurre a pesar de que la Legislatura estatal y la gobernadora Katie Hobbs promulgaron una moratoria de tres años para frenar nuevas incorporaciones a este programa de incentivos, medida que entró en vigor el pasado 1 de julio y se mantendrá vigente hasta junio de 2029. Sin embargo, durante las dos semanas previas al inicio de la pausa, el estado recibió una oleada de más de 100 solicitudes de última hora en el mes de junio, lo que prácticamente duplicó el tamaño del padrón de proyectos beneficiados.
De acuerdo con las proyecciones financieras, el impacto presupuestario continuará al alza durante los próximos años. La suspensión actual únicamente impide el ingreso de nuevas peticiones, pero mantiene intactos los beneficios de los centros de datos aprobados antes de julio, cuyas exenciones fiscales tienen una vigencia garantizada de entre 10 y 20 años.
El crecimiento del programa ha avivado el debate público en torno a su rentabilidad y sostenibilidad. Por un lado, organizaciones civiles y economistas advierten sobre la creciente carga que representa para los contribuyentes, además de señalar el elevado consumo de agua y energía eléctrica que demandan estas instalaciones en una región árida.al, y advierten que retirar de forma definitiva los incentivos podría desalentar futuras inversiones en infraestructura digital en la entidad.




