Miles de jóvenes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers”, enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad en Arizona. El notable incremento en los tiempos de espera para el procesamiento de las solicitudes de renovación por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha dejado a una gran cantidad de beneficiarios en un limbo legal y laboral que amenaza directamente su estabilidad diaria .
Esta preocupante ralentización administrativa ha provocado que muchos permisos de residencia temporal y de trabajo expiren antes de recibir la aprobación de renovación, desatando una ola de suspensiones laborales y sumiendo a las familias en la angustia económica .
El impacto en el empleo y la educación
A diferencia de otras categorías migratorias, los beneficiarios de DACA no califican para extensiones automáticas de sus Permisos de Autorización de Empleo (EAD) mientras su solicitud está en trámite. Como consecuencia directa, decenas de jóvenes en Arizona han sido suspendidos temporalmente de sus puestos o despedidos de manera definitiva por sus empleadores al vencerse la vigencia de sus documentos de identidad laboral .
El impacto económico de estas bajas laborales ya se resiente en el pago de alquileres, hipotecas y en el sustento familiar. Asimismo, la interrupción de ingresos afecta de forma crítica a los estudiantes universitarios matriculados en instituciones como la Universidad de Arizona (UArizona) y la Universidad Estatal de Arizona (ASU), quienes dependen de estos empleos para costear sus altas matrículas académicas .
Movilidad paralizada en el estado
La problemática se agrava debido a las normativas estatales de Arizona. En este territorio, la vigencia y validez de la licencia de conducir está vinculada de forma estricta a la fecha de expiración del permiso de trabajo emitido por el gobierno federal.
Al vencerse el documento de DACA, los jóvenes pierden simultáneamente el derecho a conducir legalmente. Esta restricción paraliza por completo su movilidad urbana en ciudades como Phoenix y Tucson, impidiéndoles realizar actividades básicas de subsistencia o trasladar a sus hijos a los centros escolares . Organizaciones locales en defensa de los derechos de los inmigrantes exigen a USCIS agilizar los trámites para frenar una crisis que vulnera los derechos humanos y laborales de una comunidad clave para la economía del estado.
