En un movimiento bipartidista sin precedentes, legisladores de Arizona han cerrado filas para exigir cambios estructurales inmediatos dentro del Departamento de Seguridad Infantil (DCS). La presión política surge tras la conclusión de una serie de investigaciones que revelaron fallas sistémicas críticas, exacerbadas por las trágicas muertes de tres menores en 2025.
Un sistema bajo la lupa
Las audiencias de supervisión legislativa concluidas este mes de abril pusieron de manifiesto una crisis de gestión. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra el colapso de la línea directa de denuncias, donde la saturación y los largos tiempos de espera habrían dejado a niños en situaciones de peligro inmediato sin una respuesta oportuna.
La senadora Carine Werner, una de las principales voces detrás de este impulso, señaló que la falta de protocolos estrictos ha permitido que casos graves pasen desapercibidos.
El paquete de reformas “Siete Leyes”
Para frenar la crisis, el Congreso estatal avanza en un paquete de siete proyectos de ley diseñados para blindar la protección infantil:
- Rigor en la documentación: Se busca obligar a los trabajadores sociales a incluir evidencias fotográficas actualizadas de los menores en cada visita.
- Alertas por reincidencia (SB 1126): Si un cuidador recibe cuatro o más reportes en un solo año, el caso deberá ser escalado automáticamente a investigadores de alto nivel.
- Distinción entre pobreza y negligencia (HB 2041): Esta medida prohíbe la separación de familias cuando la supuesta “negligencia” se deba únicamente a la falta de recursos económicos de los padres.
- Transparencia con comunidades tribales: Una de las medidas ya firmadas obliga al DCS a una colaboración total y al intercambio de información con las naciones indígenas del estado.
El factor de los hogares grupales
La reforma también pone la mira en los hogares de acogida grupales (HB 2611), incrementando la vigilancia para evitar la desaparición de menores, un problema que ha afectado la reputación de la agencia en los últimos años.
Con estas medidas, los legisladores esperan restaurar la confianza en una institución cuya misión principal —proteger a los más vulnerables— ha sido severamente cuestionada por la opinión pública y los familiares de las víctimas.
