La Corte Suprema de Colorado y la secretaria de Estado de Maine han emitido decisiones históricas que cuestionan la elegibilidad del expresidente Donald Trump para postularse nuevamente a la presidencia.
Ambas instancias aplicaron una inusual prohibición constitucional contra aquellos que hayan participado en una insurrección.
Aunque las decisiones están en pausa debido a procesos judiciales en curso, la atención se centra ahora en la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinará si Trump puede competir después del ataque al Capitolio en enero de 2021.
El caso se basa en la Sección 3 de la 14ª enmienda constitucional, diseñada para prevenir que aquellos que participaron en la Confederación recuperen poder.
Los abogados de Trump argumentan contra su inhabilitación, señalando aspectos técnicos y cuestionando si la Sección 3 se aplica al presidente.
La demora en resolver el caso ha generado incertidumbre, ya que varios estados podrían decidir por sí mismos si permiten la candidatura de Trump, generando un potencial caos jurídico.
El fallo de Maine, a pesar de ser impugnado por Trump, ha elevado la presión sobre la Corte Suprema federal para pronunciarse sobre la elegibilidad de Trump en medio de crecientes tensiones partidistas.
Este caso trasciende las líneas políticas, ya que tanto demócratas como republicanos están involucrados en la decisión, lo que podría sentar un precedente significativo para futuras disputas electorales.
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