En un movimiento que intensifica el debate sobre la política migratoria en el estado, el bloque republicano del Senado de Arizona presentó formalmente un ambicioso paquete de seguridad fronteriza. La propuesta busca obligar a las agencias locales a colaborar estrechamente con el gobierno federal y destina fondos millonarios a infraestructura de vigilancia y barreras físicas.
Los pilares de la propuesta
El paquete legislativo se desglosa en varias iniciativas clave que impactan directamente la operación en la zona fronteriza:
- Cooperación Obligatoria (SB 1474): Esta pieza central exige que todas las agencias de ley y orden en Arizona colaboren con las autoridades federales de inmigración. Incluye programas de capacitación específica para que oficiales estatales asuman roles de apoyo en tareas de control migratorio.
- Muro y Tecnología: Se proponen dos partidas presupuestarias de alto impacto para el Departamento de Seguridad Pública (DPS): $20 millones para la construcción de muros de bolardos en puntos críticos (SB 1157) y $5 millones para la implementación de inteligencia artificial aplicada a la vigilancia fronteriza (SB 1707).
- Financiamiento de Detenciones (SB 1156): El plan contempla $20 millones para cubrir los costos estatales derivados de la retención y custodia temporal de personas indocumentadas.
Controversia por presencia de ICE en elecciones
Uno de los puntos más polémicos del paquete es la iniciativa SB 1570, impulsada por el senador Jake Hoffman. Esta medida obligaría a los condados a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para asegurar la presencia de agentes federales en los centros de votación durante los comicios de 2026. Mientras los proponentes lo ven como una medida de integridad, grupos de derechos civiles advierten sobre posibles actos de intimidación hacia los votantes.
Choque de poderes
Este despliegue legislativo surge como un desafío directo a la administración de la gobernadora Katie Hobbs, a quien los republicanos acusan de una postura laxa en la frontera. El paquete también busca capitalizar el mandato de la Proposición 314 (Secure the Border Act), aprobada por los ciudadanos en 2024, que otorga facultades a la policía estatal para arrestar a quienes crucen la frontera de forma irregular.
Se espera que las propuestas enfrenten una dura batalla en las cámaras y un probable veto de la oficina de la Gobernadora si logran avanzar sin modificaciones.
