El Fiscal General de Arizona, Kristin Mayes, ha emitido un informe que declara ilegal la ordenanza de Phoenix que buscaba enviar armas confiscadas a Ucrania.
Mayes argumenta que la ordenanza entra en conflicto con las leyes estatales vigentes y enfatiza su preocupación por estas leyes, que exigen que las armas de fuego confiscadas sean revendidas en lugar de ser donadas.
A pesar de reconocer la intención loable de la Ciudad de Phoenix, Mayes insta a la legislatura a centrarse en aprobar legislación sensata sobre armas que permita a las comunidades locales tomar decisiones sobre la eliminación de armas utilizadas en delitos.
El informe del Fiscal General arroja luz sobre un debate sobre la disposición de armas confiscadas y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el apoyo a causas internacionales como la de Ucrania.
Mayes destaca que las leyes actuales perpetúan un ciclo en el que las armas regresan a las calles, planteando preocupaciones sobre la seguridad de las comunidades.
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