El Senado brasileño ha aprobado este miércoles por mayoría el proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
El proyecto, que había sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, contó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora será enviado a sanción presidencial.
Previamente, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ) brasileña había aprobado por mayoría el proyecto de ley. Los miembros de la CCJ apoyaron, por 17 votos a favor y siete en contra, el texto del proyecto, que, más tarde, ha pasado al plenario de la Cámara alta.
Tras ser aprobado, Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque pasado ese período aún sería obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo que sería establecido por la Justicia.
Legisladores de la base oficialista criticaron el proyecto argumentando que, así como está, interfiere en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y podría beneficiar a otros condenados por delitos graves. Sin embargo, durante el debate en la comisión se ha incluido una enmienda para limitar los beneficiarios del proyecto a aquellos relacionados con los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022, como los bolsonaristas condenados por el asalto a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.
El texto podría ser vetado por Lula
El texto será enviado para la sanción del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya aseguró que podría vetarlo. El actual presidente brasileño dejó claro que Bolsonaro “tiene que pagar por su intento de destruir la democracia” y que ya tomará una decisión en caso de que el texto llegue a su escritorio.
Si esto sucede, el Congreso Nacional tiene poder para derribar el veto y aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.
El proyecto en cuestión impide, entre otros puntos, que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario (2019-2022), el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado. Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta doce años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que establece hasta ocho años de cárcel.
Hasta 26 años de cárcel para los últimos reos de la trama golpista liderada por Bolsonaro
Este martes, el Tribunal Supremo de Brasil decidió por unanimidad condenar a penas de prisión de ocho a 26 años a cinco de los seis imputados en el segundo de los cinco grupos de acusados por el intento golpista.
Entre los condenados está el general retirado del Ejército Mário Fernandes, que se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Presidencia y ha recibido por su rol en la trama la pena más alta del grupo: 26 años y seis meses de prisión. Asimismo, el entonces director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, ha sido sentenciado a 24 años y seis meses de cárcel, mientras que los exasesores de Bolsonaro Marcelo Cámara y Filipe Martins —éste, de asuntos internacionales—, han recibido sendas condenas de 21 años de prisión.
Sus penas responden a los cargos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daños agravados y deterioro del patrimonio.
La exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Alencar, ha sido condenada únicamente por intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho y golpe de Estado, por lo que se le ha condenado a ocho años y seis meses de prisión.
Asimismo, el alto tribunal decidió suspender por ocho años los derechos políticos de todos los acusados, que “no podrán votar ni postularse para ningún cargo público”, según ha rezado el comunicado, que también recoge una multa conjunta por valor de 30 millones de reales brasileños (algo más de 4,6 millones de euros) “por daño moral colectivo”. Una sanción a pagar “junto con todos los condenados por su participación en los sucesos del 8 de enero de 2023”.
