Nueve personas fueron acusadas de conspiración para para comprar armas fraudulentas para luego traficarlas a México, mediante una denuncia penal federal el pasado 27 de enero, según informó el Departamento de Justicia de EEUU.
Los acusados son:
- Jorge Alain Corona, de 28 años, de Gilroy, California
- Alejandro Corona, de 32 años, de Yuma, Arizona
- Jonathan Ventura Bravo, de 32 años, de Phoenix, Arizona
- Marvin Agustin Teutle, de 29 años, de Laveen, Arizona
- Jesus Roberto Corella Mares, de 33 años, de Mesa, Arizona
- Rosario Agustin Teutle, de 27 años, de Buckeye, Arizona
- April Denise Corral Aldecoa, de 24 años, de Yuma, Arizona
- Linda-Ana Grace Camarillo, de 22 años, de Kalispell, Montana
- Jose Ruben Quiroz, de 26 años, de Yuma, Arizona.
De acuerdo a la denuncia, entre marzo de 2020 y enero de 2024, los acusados actuaron para adquirir armas de fuego de forma ilegal mediante declaraciones falsas al vendedor.
Específicamente, al momento de la compra, el comprador testaferro firmaba formularios afirmando ser el comprador real del arma, cuando en realidad la adquiría en nombre de otra persona, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Durante el curso de la investigación, estas personas conspiraron para adquirir de forma fraudulenta más de 15 armas de fuego, incluyendo al menos tres fusiles Barrett calibre 50 y 10 fusiles semiautomáticos, que tenían como destino el contrabando a México, de acuerdo a la información de la fiscalía distrital de Arizona.
El 26 de julio de 2023, las fuerzas del orden lograron incautar seis de las armas poco después de su adquisición ilegal, añadieron las autoridades.
El 24 de marzo de 2025, las autoridades del Gobierno de México incautaron otra arma identificada en esta investigación como adquirida ilegalmente por esta conspiración, según el comunicado.
“Este caso revela un plan para mentir, comprar y canalizar armas de fuego peligrosas a manos de delincuentes, incluyendo el tráfico de armas a través de nuestra frontera sur”, dijo el fiscal federal por el distrito de Arizona,Timothy Courchaine.
“La compra fraudulenta de armas es un delito grave que puede conllevar penas de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares”, Según dijo Shawn Stallo, agente especial interino a cargo de la División de Campo de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Una denuncia penal es simplemente un método para imputar a una persona por actividad delictiva y no implica presunción de culpabilidad. Una persona se presume inocente hasta que se presenten pruebas ante un jurado que establezcan su culpabilidad más allá de toda duda razonable, añadió el comunicado de la fiscalía del distrito de Arizona.
