La empresa de servicios públicos más grande de Arizona, APS, planea construir dos turbinas de gas natural en el centro del estado para satisfacer futuras necesidades energéticas.
La controversia surge por la aprobación del proyecto mediante un certificado ambiental enmendado durante una reunión de “agenda de consentimiento”, sin compromisos significativos con las partes interesadas o el público, según Alex Routhier de la organización sin fines de lucro Western Resource Advocates.
La Comisión de Corporaciones de Arizona votó 4-0 a favor de la modificación de la planta de gas existente, basándose en un Certificado de Compatibilidad Ambiental de 2001 que originalmente expiró en 2006.
Los críticos argumentan que la falta de oposición se debe a la insuficiente divulgación pública y sostienen que las condiciones han cambiado desde la concesión original, destacando preocupaciones sobre emisiones de CO2, mala calidad del aire y opciones energéticas más eficientes.
A pesar de la afirmación de APS de la normalidad de la práctica, opositores consideran que la votación socava la transparencia y el proceso público.
Mientras APS defiende la expansión como crucial para mantener un suministro eléctrico confiable, la aprobación sin comentarios públicos genera interrogantes sobre la evaluación completa de los impactos ambientales y la participación ciudadana en decisiones cruciales para el futuro energético de Arizona.
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