Una reciente ley promulgada por el presidente Joe Biden, la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), está marcando un hito en la lucha contra la corrupción a nivel global.
Esta legislación permite a fiscales federales estadounidenses presentar cargos penales contra funcionarios de gobiernos extranjeros que soliciten o acepten sobornos de empresas estadounidenses.
La FEPA, parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, complementa la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y criminaliza explícitamente el lado de la “demanda”, siendo la primera ley ejecutable de este tipo.
Los defensores de la ley destacan que esta medida llenará un vacío importante, ya que hasta ahora, Estados Unidos tenía una capacidad limitada para castigar a los funcionarios extranjeros involucrados en corrupción transfronteriza.
La FEPA prevé penas severas, incluyendo multas de hasta 250,000 dólares o tres veces el monto del soborno recibido, así como hasta 15 años de prisión.
Expertos creen que esta legislación no solo fortalecerá la capacidad de enjuiciamiento, sino que también actuará como un disuasivo significativo para los funcionarios corruptos y empresas involucradas en prácticas ilícitas.
La implementación de la FEPA ha sido recibida con optimismo por organizaciones como Transparencia Internacional, que considera que esta ley proporciona una herramienta efectiva para perseguir a funcionarios extranjeros corruptos, brindando esperanza a aquellos países con limitada capacidad o voluntad para procesar a sus propios corruptos.
Además, se plantea la posibilidad de que futuros procesamientos bajo la FCPA vayan acompañados de cargos similares presentados bajo la FEPA, fortaleciendo así la capacidad de Estados Unidos para combatir la corrupción tanto interna como externamente.
You must be logged in to post a comment Login