El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visas a individuos involucrados en “acciones antidemocráticas” en Honduras.
La medida, dirigida a “ciertas personas” que llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, responde a la reciente violencia en el país centroamericano.
El portavoz Matthew Miller condenó el uso de la violencia para socavar la democracia, especialmente relacionado con el nombramiento irregular de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto interino.
Estados Unidos argumenta que estas “acciones antidemocráticas” contradicen los principios de la Carta Democrática Interamericana, firmada por Honduras como miembro de la Organización de los Estados Americanos en 2001.
El gobierno estadounidense se une al llamado internacional para restaurar el orden de manera pacífica, transparente y democrática, ante la controvertida elección de Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto por una comisión cuestionada del congreso hondureño.
Legisladores opositores y juristas critican la decisión, argumentando que la elección viola las leyes y acusan a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de politizar la Fiscalía.
La imposición de sanciones busca presionar a favor de la restauración de la democracia y el respeto a los principios fundamentales en Honduras.
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