Un tribunal federal de apelaciones en St. Louis dictaminó el lunes, en una decisión dividida de 2-1, que individuos y grupos privados, como la NAACP, no tienen la capacidad de demandar bajo la Sección 2 de la Ley federal de Derecho al Voto.
La sentencia contradice décadas de precedentes y plantea preocupaciones sobre la erosión de las protecciones fundamentales establecidas por la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965.
El panel argumentó que solo el fiscal general de Estados Unidos puede hacer cumplir esta sección, generando críticas y temores sobre el impacto en los derechos civiles y la representación política de las minorías.
La decisión confirmó el rechazo de un caso presentado por la NAACP y el Panel de Política Pública de Arkansas, quienes cuestionaron los nuevos distritos de la Cámara de Representantes del estado por diluir la influencia de los votantes negros.
A pesar de las afirmaciones de un sólido caso de méritos, la mayoría del panel sostuvo que la Sección 2 no otorga a grupos privados el derecho de presentar demandas, desviándose de precedentes anteriores.
La polémica decisión podría tener repercusiones significativas en la lucha por la equidad electoral y es probable que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, planteando incertidumbres sobre el futuro de las protecciones de la Ley de Derecho al Voto.
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