Una coalición de agrupaciones de derechos humanos ha recurrido a la justicia federal de los Estados Unidos en un intento por detener la aplicación de la Proposición 314. La demanda civil argumenta que el texto legal es inconstitucional, invade las competencias del gobierno de Washington y generará detenciones arbitrarias masivas basadas en el perfilamiento racial.
El conflicto legal por las competencias federales
- Facultades exclusivas: Las entidades demandantes exponen que la ley invade las competencias exclusivas del gobierno federal. Según el marco constitucional estadounidense, el control, la detención y la deportación en materia de inmigración corresponden únicamente a las autoridades federales, no a los estados.
- Riesgo de perfilamiento racial: Portavoces de las organizaciones civiles denunciaron que la normativa funciona como una autorización implícita para que las policías locales cometan violaciones a los derechos civiles, dando paso a arrestos ilícitos y detenciones basadas exclusivamente en el aspecto físico de las personas.
- Colapso del sistema local: La querella advierte que la implementación de esta ley saturará el sistema penitenciario regional y los tribunales de Arizona, privando a miles de personas de su derecho elemental a un debido proceso.
El mecanismo de activación automática
La Proposición 314 fue avalada originalmente por los electores de Arizona en los comicios de noviembre de 2024. Sin embargo, su Sección 5 se mantuvo congelada a la espera de las resoluciones de las cortes federales sobre la ley antiinmigrante SB4 de Texas, la cual posee una naturaleza jurídica idéntica. Debido a que las cláusulas de la proposición estipulaban su activación automática 60 días después de que la norma de Texas quedara habilitada en los tribunales de apelación, los plazos legales se aceleraron en Arizona.
Impacto en las comunidades vulnerables
Organizaciones que proveen asesoría jurídica a migrantes expresaron su profunda preocupación por el desamparo en el que podrían quedar menores de edad o personas en situaciones vulnerables. Los demandantes alertaron que, bajo este nuevo engranaje estatal, miles de residentes podrían ser procesados por cargos criminales locales y expulsados del territorio sin contar con la posibilidad de defenderse en una audiencia justa o acceder a representación consular especializada.
