La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó una nueva legislación de corte bipartidista conocida como “Test and Treat” (Prueba y Tratamiento), diseñada para autorizar a los farmacéuticos del estado a realizar pruebas diagnósticas y recetar tratamientos de forma inmediata para infecciones comunes. La medida busca aliviar de manera prioritaria la severa escasez de servicios de salud que afecta a las comunidades rurales y zonas médicamente vulnerables del estado.
Con esta normativa, se busca evitar que los pacientes que residen en áreas alejadas deban realizar largos viajes hacia salas de urgencias o clínicas distantes para atender afecciones rutinarias, reduciendo así los gastos de transporte y previniendo la pérdida de jornadas laborales.
Facultades de diagnóstico inmediato y comunicación obligatoria
Bajo un estricto protocolo estatal avalado por la Junta de Farmacia, los profesionales farmacéuticos quedan facultados para efectuar exámenes rápidos y proveer medicamentos inmediatos destinados a combatir dolencias específicas de salud. Entre las enfermedades cubiertas por la ley se encuentran:
- Gripe (influenza)
- Faringitis estreptocócica (strep throat)
- COVID-19 y otras afecciones respiratorias similares.
La ley estipula que todas las pruebas de detección utilizadas en los establecimientos deben contar con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y cumplir con los estándares de exención de las Enmiendas de Mejora de Laboratorios Clínicos (CLIA).
Para garantizar la continuidad del cuidado de la salud y no fragmentar el historial clínico, las farmacias están obligadas por ley a notificar formalmente al proveedor de atención primaria del paciente en un plazo máximo de 72 horas tras el inicio del tratamiento. Este límite se reduce drásticamente a 48 horas en caso de que ocurra una reacción adversa al medicamento.
Oposición del sector médico frente a la medida
A pesar de haber sido impulsada de forma conjunta por legisladores de ambos partidos —con el representante estatal republicano Chris López como su principal patrocinador—, la normativa enfrentó un fuerte rechazo por parte de la Asociación Médica de Arizona (ArMA).
Dicho organismo gremial argumentó enérgicamente que, aunque los farmacéuticos poseen un amplio conocimiento en farmacología, carecen de la formación y el entrenamiento clínico profundo que se requiere para diagnosticar de forma segura a una persona. Los representantes de la ArMA calificaron la medida como un “atajo riesgoso” que podría comprometer el bienestar de la población ante la aparición de complicaciones médicas complejas que pasen desapercibidas en una farmacia.
