El Ayuntamiento de la Ciudad de Phoenix le pide al personal posibles pólizas para guiar a los residentes en caso de que el gobierno federal intensifique actividades del cumplimiento de leyes migratorias en la ciudad.
El 10 de febrero, el concejo municipal le pidió al personal evaluar una estrategia para documentar información sobre actividades migratorias federales en Phoenix que pudieran “violar estatutos criminales’ o los derechos civiles de individuos. Además, los directivos buscan establecer procedimientos para coleccionar datos sobre cómo las acciones para hacer cumplir leyes migratorias afectan los servicios de la ciudad.
El concejo realizó su sesión de trabajo pocos días después de que la alcaldesa Kate Gallego enviara un memorándum al manejador de la ciudad pidiendo que durante los siguientes 45 días se desarrollara una “iniciativa de transparencia comunitaria”.
“Los residentes de todo Phoenix han expresado sus crecientes preocupaciones sobre cómo las posibles actividades federales del cumplimiento de la ley pudieran ser una amenaza para sus derechos civiles, un daño para la estabilidad de sus familias y causa rempentina de perturbación de sus vidas diarias”, escribió la alcaldesa en el memo.
La decisión fue hecha durante una reunión que incluía a espectadores aclamando, cantando y aplaudiendo. En algún punto, las reacciones de la audiencia interrumpieron a los miembros del concejo que hablaban.
“No nos ayuda si no nos permiten avanzar”, dijo la vicealcaldesa Kesha Hodge Washington a los asistentes.
El concejo después tomó un receso de alrededor de 10 minutos mientras que los asistentes coreaban, “No fear, no hate, no ICE in our state (no miedo, no odio, no ICE en nuestro estado)”.
La instrucción de Phoenix llega en el momento de más fuertes críticas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) después de incidentes en Minnesota que resultaron en la muerte de dos ciudadanos.
La concejal Betty Guardado dijo que la decisión del concilio no se trataba de “obstrucción de la ley federal”, mas bien era para asegurar que los recursos de la ciudad se utilizan de una manera “legal y responsable”.
