El líder de la mayoría del Senado de Arizona presentó previamente un proyecto de ley para 2026 diseñado para proteger la información de los donantes de pequeñas cantidades.
Según el Proyecto de Ley Senatorial 1006 , los informes de finanzas de campaña no incluirán información personal de donantes que donen $200 o menos. La única excepción sería si los donantes dan su consentimiento.
El líder de la mayoría, John Kavanagh, republicano por Fountain Hills, quien patrocinó la SB 1006, afirmó que la ley actual de Arizona protege la identidad de quienes donan $100 o menos. La SB 1006 eleva esa cantidad a $200.
“Las leyes de divulgación de información financiera de campañas buscan equilibrar la necesidad del público de saber quién influye en las elecciones con la privacidad de los donantes”, declaró Kavanagh a The Center Square. “La pregunta es, ¿qué donaciones deben conocerse?”
La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que se debe conocer a los grandes donantes, dijo Kavanagh. Pero añadió que no es necesario revelar quiénes donan pequeñas sumas.
“Creo que los pequeños actores deberían tener su privacidad”, dijo el senador.
Es necesario proteger la privacidad de los pequeños donantes porque si el nombre, la dirección y el empleador de una persona están disponibles públicamente, eso los expone al acoso, dijo.
Kavanagh citó un incidente en California en el que partidarios de la Proposición 8 fueron víctimas de acoso y divulgación de información personal. Los californianos votaron a favor de la Proposición 8 en 2008, manteniendo la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por un margen del 52% frente al 48%.
El New York Times informó en febrero de 2009 que los nombres de los donantes que apoyaban el matrimonio tradicional aparecieron en un sitio web que incluía su información personal.
El Times afirmó que estos donantes recibieron amenazas de muerte y sobres con una sustancia blanca en polvo. Además, se boicotearon los negocios de los donantes, según el Times.
La Proposición 8 fue revocada cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, en 2013, mantuvo en pie un fallo de un tribunal inferior en el caso Hollingsworth contra Perry. Esto, en efecto, puso fin a la Proposición 8 y permitió la reanudación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Mientras tanto, Kavanagh no planea presentar ningún otro proyecto de ley relacionado con la ley de financiamiento de campañas en 2026.
En noviembre de 2022, los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 211, que exigía la divulgación pública de donaciones políticas de al menos $5,000 si el dinero se otorgaba a una entidad que gastaba al menos $50,000 en medios de campaña para una campaña estatal. También se aplica a una entidad que gastaba al menos $25,000 en medios de campaña para una campaña local. Esta ley difiere del proyecto de ley de Kavanagh porque se centraba en las donaciones para gastos en medios de campaña, lo que incluye anuncios políticos.
La medida, también conocida como Ley del Derecho a Saber de los Votantes, se aprobó con el apoyo del 72% de los votantes.
Sin embargo, tan solo un mes después, se enfrentó a una impugnación legal cuando varios demandantes demandaron al estado, alegando que la ley violaba la libertad de expresión y la privacidad. El caso fue desestimado en junio de 2023 por el Tribunal Superior del Condado de Maricopa en Phoenix, la capital del estado.
Pero en octubre de 2023, el presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, republicano por Gilbert, y el presidente de la Cámara de Representantes, Ben Toma, republicano por Peoria, presentaron su demanda alegando la inconstitucionalidad de la propuesta. En diciembre de 2023, un juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa dictaminó que no había pruebas suficientes para respaldar el argumento de los abogados de los demandantes de que la ley carece de límites y de supervisión legislativa.
Toma y Petersen apelaron. Desde entonces, Toma dejó la Legislatura, y el actual presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Steve Montenegro, lo reemplazó como demandante.
El caso se reanudó después de que la Corte Suprema de Arizona, en septiembre, revocara el fallo de un tribunal de primera instancia que establecía que los legisladores republicanos no habían sufrido perjuicios y carecían de legitimación para demandar. El caso ha regresado a un juez de primera instancia para su revisión.
